MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO PENAL

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INTRODUCCIÓN

 

Una de las preguntas que puede y que ha salido en la oposición, es sobre las medidas cautelares. En primer lugar, hemos de saber que es exactamente. Se trata, como su propio nombre indica, de una serie de medidas “preventivas” que el juez competente o el órgano jurisidiccional puede adoptar para que la persona que es responsable en un proceso penal (que es culpable o se siente como tal) no haga desaparecer pruebas, datos etc. Y así poder asegurar que pueden realizarse correctamente actos que conforman el proceso y que la sentencia sea eficaz.

GOMEZ ORBANEJA define las mismas como: “aquel conjunto de actuaciones encaminadas al aseguramiento del juicio y a la efectividad de la sentencia que se dicte".

Estas medidas tienen unas caracterísiticas, y son las mismas que se pueden adoptar en el proceso civil:

  • Instrumentalidad (no constituyen un fin en si mismas, sino que están vinculadas a la sentencia que en su día pueda dictarse)
  • Provisionalidad (no son definitivas, pudiéndose modificar en función del resultado del proceso o si se alteran los presupuestos que llevaron a adoptarlas)
  • Homogeneidad (debe ser semejante o parecida a la medida ejecutiva que en su día deba acordarse para la efectividad de la sentencia).

 

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CLASIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

 

Los actos procesales debemos de saber que se pueden dividir en 2 grupos:

  • Actos cautelares personales (según limiten el derecho a la libertad individual) .
  • Actos cautelares reales (limiten el derecho de poseer algún bien o patrimonio). Estos último a su vez, pueden tener varias finalidades, según tiendan a asegurar los medios de prueba

 

Junto a las medidas cautelares que comentamos, podríamos clasificar otras que, aunque parecidas, no lo son. Como por ejemplo las “medidas preventivas” (inhabilitación o suspensión de cargo, profesión u oficio, privación del permiso de conducir etc.) que no se podrán considerar medidas cautelares ya que no tienen un requisito esencial de este tipo de actuaciones que es el “periculum in mora” o temor razonable que existe con que se demore el proceso “peligro de demora”, ya que el imputado en estos casos no puede impedir que se ejecute la pena.

 

1. MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES (M.C.P) 

Son medidas que se toman para asegurar la sujeción o dependencia del imputado al proceso y que se presente ante el órgano jurisdiccional si se diera el caso (para garantizar su declaración ante el Juez Instructor o para evitar su inasistencia) (STC 85/1989 de 10 de mayo). En los procesos penales las medidas más comunes son las personales, a diferencia del proceso civil que se dan sobre bienes (aunque también pueden adotar alguna de carácter personal.

Las M.C.P viene reguladas en el Libro II (“Del Sumario”) de la Ley de enjuiciamiento criminal (aunque no se les da esa denominación exacta). Serán: La citación, la detención y la prisión y libertad condicional.

NOTA: Uno de los problemas que se puede plantear es la posible vulneración de un derecho fundamental como lo es “la libertad” (art.17.1 CE). El motivo es porque es necesario la represión del delito y en algunas ocasiones es necesario privar de libertad (esta debe ser excepcional, condicionada a la circunstancia del caso y proporcional a la finalidad)

Comenzamos a describir las M.C.P


A) LA CITACIÓN (Regulada en los artículos 486-488 LECrim) Es el mínimo tipo de coerción de la libertad que se puede dar, ya que consiste en comparecer ante un Juez instructor para ser oida.

En relación con su naturaleza (aunque algunos autores no la contemplan como medida cautelar) es indudable que está encaminada al aseguramiento del juicio y eficacia de la sentencia que en su día se dicte como consecuencia de los importantes efectos que van ligados a la misma, siendo una garantía del derecho a la tutela judicial efectiva y a la defensa (artículos 24 C.E. y 118 de la L.E.Cr.).


Efectos: La persona tiene la obligación de asistir el día y hora que se dicte. En caso de que no se cumpla, puede convertirse tal orden en una de detención (si asiste o no lo justifica). El comparecer le permitirá defenderse, manifestar lo que desee y desviar los cargos de sospecha que tengan sobre el y por tanto, evitar la detención.

 

La comparecencia del presunto culpable le permite defenderse dando las explicaciones y efectuando las manifestaciones que considere oportunas, pudiendo desvirtuar, de esta forma, los cargos o motivos de sospecha que pesen sobre él; además evita los perjuicios que una detención le ocasionaría.


 

B) LA DETENCIÓN

Recogida en la Ley E.Crim. con el nombre “de la detención” (arts. 489-501), regulan una serie de actuaciones que tienden a privar la libertad de una persona. En definitiva, la detención es eso, la privación de la libertad “temporal” de una persona sin la posibilidad deambular hacia donde quiera. Si no se practica exactamente como dice la ley, puede darse el caso de una detención ilegal.


Vamos a ver en que casos procede la detención de una persona.  En primer lugar, hemos de saber que la libertad es un derecho fundamental (art.17 CE) y nadie puede ser privado de esta libertad sino en los casos y en la forma que prescriban las leyes (art 489 LECrim)

Hay 2 casos que hay que aprender y que están bien diferenciados en los artículos 490-492 de la LECrim respectivamente. Estos son las detenciones practicadas por particulares o por agentes de la autoridad (que veremos más adelante en el apartado de “la potestad para detener”.


a) La detención como medida cautelar es la que tiene lugar cuando el proceso penal todavía no se ha incoado (iniciado), o durante la tramitación del mismo, ya que en estos casos cumple su función aseguratoria. Los presupuestos de esta detención son los siguientes (todos ellos contenidos en la LECr.):


1) “IN FRAGANTI”: Que alguien intente cometer un delito o sea sorprendido en el momento de la comisión (art. 490, 1º y 2º).

2) Que se fugue estando detenido o preso provisional (art. 490. 6º).

3) Que el procesado se encuentre en rebeldía (no comparecer, en busca) (art. 490. 7º).

4) Que el imputado lo sea por delito que tenga prevista pena superior a 3 años de prisión (art. 492. 2º; equivalencias de penas según reforma introducida por Disposición Transitoria undécima de la L.O. 10/95, 23 de noviembre del C.P.). En este caso no procedería la detención si previamente el órgano jurisdiccional hubiera decretado su libertad provisional.

5) Que el imputado lo sea por delito que tenga prevista pena de prisión de 6 meses a 3 años o inferior, si por sus antecedentes o por las circunstancias del hecho, pudiera preverse que no comparecerá cuando fuere llamado por la Autoridad judicial (art. 492. 3º).

 

b) La detención como medida ejecutiva tiene por objeto imponer la realización de una ejecución actual y no garantizar la futura ejecución. Los presupuestos de la detención de conformidad con lo preceptuado en la LECr., son los que se expresan a continuación:

1) El quebrantamiento por un condenado de una pena privativa de libertad, fugándose de la cárcel, o al ser conducido al citado establecimiento (art. 490. 3º, 4º y 5º).

2) El condenado que estuviere en rebeldía (art. 490.7º).

 

Para completar el examen de los presupuestos de la detención conviene referirnos a unos supuestos especiales:

a) La detención por faltas no es posible como norma general, salvo que el presunto reo no tuviese domicilio conocido ni diese fianza bastante a juicio de la Autoridad o agente que intente detenerle (art. 495 LECr.).

b) La detención por incomparecencia, que ya hemos examinado, la podrá acordar el órgano jurisdiccional si al que le citan con arreglo a lo preceptuado en los artículos 486 y 488 de la LECr. no comparece ni alega justa causa que lo legitime (art. 487 LECr.).

c) La detención de las personas aforadas (las que gozan de un régimen de inmunidad en mayor o menor medida) acostumbra a practicarse en caso de flagrante delito (por ejemplo art. 71. 2 respecto a Diputados y Senadores).


 

 

 

Por último, al margen de lo preceptuado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, también se pueden encontrar algunos supuestos de detención que no participan plenamente de la naturaleza de medidas cautelares y que poseen dudosa legitimidad constitucional. Nos estamos refiriendo a las detenciones que pudieran practicarse dentro del ámbito del procedimiento sumarísimo de la Ley de extranjería; las detenciones en materia de "peligrosidad social"; la detención de indocumentados, etc.

 

Potestad para detener

El poder deterner a una persona no es solo potestad de un órgano juridiccional, ya que, está muy vinculada a que se produce de forma inmediata y próxima a los hechos, que pueden ser delictivos. Podemos distinguir, como hemos dicho antes:

a)PARTICULARES: La posibilidad de detener de los particulares siempre que concurra uno de los supuestos previstos en el artículo 490 de la LECrim. (delincuente in fraganti, al que se fuga de un establecimiento penitenciario, etc.). El particular NO tiene ninguna obligación de detener si no que es totalmente opcional, es decir, se trata de un derecho. En cualquier caso, si un particular detiene, tiene que dar cuenta a la autoridad judicial o ponerlo a su disposición.

b) AGENTES DE LA AUTORIDAD: La obligación de detener de la Autoridad o Agente de Policía judicial que les viene impuesta por su especial misión de descubrimiento de los delitos y de sus presuntos autores (art. 282 LECrim.). A diferencia de la detención que pudieran practicar los particulares, la de los funcionarios de policía, como decimos, es una obligación cuyos límites determina fundamentalmente el art. 492 de la LECrim (incluye los casos previstos en el art. 490 citado, y al procesado o sospechoso de delito castigado con pena superior a 3 años de prisión, o inferior cuando, atendiendo a las circunstancias del hecho o de la personalidad del imputado, se pueda presumir que se sustraerá a la acción de la justicia). Esta potestad de detener también la tiene el Ministerio Fiscal (art. 5.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal).

 

c) ÓRGANO JURISDICCIONAL: La facultad de ordenar la detención que tiene en todo caso elórgano jurisdiccional (art. 494 LECr.). Los jueces y tribunales pueden ordenar la detención de un particular en cualquiera de los casos previstos por el ordenamiento, sin que deba entenderse que su actuación está subordinada a la de la policía, sino que, sólo actuaran de esta forma si, en contra de lo que sería normal, las FCSE no lo han hecho antes.

 

Duración de la detención

Con carácter general la Constitución (art. 17.2) y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 520) ya nos indican que la detención sólo puede durar el tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. No obstante, debido a la gravedad que tiene la medida cautelar y en aras de una mayor protección de los derechos de los particulares, el legislador ha querido establecer unos límites temporalesconcretos para que la persona detenida sea puesta en libertad o a disposición judicial.

A pesar de la intención de concretar este tiempo, se da una aparente contradicción, ya que, el art. 496 LECrim establece que “La Autoridad o Agente de la Policía Judicial que detuviere a una persona deberá ponerla en libertad o a disposición judicial dentro de las 24 horas siguientes al acto de la misma”; y, por otro, los artículos 520 LECr. (según la redacción dada por la L.O. 14/1983, de 12 de diciembre) y 17. 2 C.E, determinan que el plazo sea de 72 horas como máximo.

Aunque, como decimos, puede ser una contradicción, la jurisprudencia se manifiesta diciendo que prevalece lo que expone la CE-78 (plazo máximo de 72h) Por ser una norma jerárquicamente superior a la LECrim (aunque como regla general debe durar el tiempo estrictamente necesario, por lo que en la práctica se intentará limitar a 24h y si no es posible hasta 72h).

Casos especiales de duración.

Además de los casos anteriores, podemos añadir las detenciones en caso de delitos cometidos por bandas armadas, individuos terroristas o rebeldes. Regulado en el artículo 520.bis LECrim (puede prorrogarse 48 horas más, por el órgano jurisdiccional competente, el plazo de 72 horas, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en dicho precepto) Es decir 72+48h= 5 días como máximo.

Si se sobrepasaran los plazos indicados se podría incurrir en un delito cometido por funcionario público contra las garantías constitucionales, previsto en el art. 530 C.P. También debe tenerse en cuenta la existencia de un proceso específico, el de "habeas corpus", para la tutela jurisdiccional del derecho a la libertad ambulatoria frente a las privaciones o restricciones ilegítimas del mismo (Ley Orgánica 6/1984 de 24 de mayo).

entrega del detenido al órgano jurisdiccional

Cuando se ha detenido al particular, debe ponerse a disposición judicial de forma inmediata, por ello, la regla general sobre la materia es la  de que se debe entregar al juez más próximo y en el caso de que haya varios, al que esté de guardia (art. 496. 1 LECr).

Una vez puesto el detenido a disposición judicial, la naturaleza de la detención determina un diferente trato:

a) Cuando la detención tiene naturaleza ejecutiva, se ordenará el traslado inmediato del detenido al establecimiento penitenciario o lugar donde deba cumplirse la condena (art. 500 LECr.).

b) Si la detención tiene naturaleza cautelar, deben diferenciarse a su vez dos supuestos:

 

1) Si la entrega al Juez se realiza sin que exista procedimiento penal pendiente y se considera competente, practicará las primeras diligencias y elevará la detención a prisión o decretará lalibertad del detenido, según proceda, en el plazo de 72 horas; por el contrario, si no se considera competente, instruirá las primeras diligencias, resolverá sobre la situación personal del detenido en el plazo indicado, y pondrá las diligencias y el preso, en su caso, a disposición del Juez competente (art. 499 LECr.).

 

2) Si la entrega se realiza existiendo proceso penal pendiente, también deberemos diferenciar según se realice la puesta a disposición del detenido al Juez que esté conociendo o no: si es el que conoce, elevará la detención a prisión, o la dejará sin efecto en el término de 72 horas (art. 497 LECr.); si no conoce de la causa, se formará la documentación específica sobre la detención (persona y circunstancias del que ha practicado la detención, las razones de la misma, etc.) y se remitirá, así como al detenido al órgano jurisdiccional que estuviere conociendo (art. 498 LECr.).

 

 

 

En todos los casos examinados, el auto elevando la detención a prisión o dejándola sin efecto, se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal y se notificará al querellante particular, si lo hubiere, y al imputado, al cual se le hará saber asimismo el derecho que le asiste para pedir de palabra o por escrito la reposición del auto consignándose en la notificación las manifestaciones que hiciere (art. 501 LECr.).

 

La situación jurídica del detenido

Cuando hablamos de la situación, nos referimos a los efectos que produce esta sobre la persona detenida.

A) La libertad deambulatoria es el principal efecto diferenciando a la que se cumple cuando se impone una pena privativa de libertad (art. 520. 1 LECr, y 5 y 8 de la L.O. General Peni tenciaria).

B) El detenido, tiene también derechos (aunque se le haya privado de libertad temporalmente) que se recogen el los artículos 17 CE 7 520 LECRim. Aunque estos derechos están pensado para cuando detiene un policía o cuando lo ordena la autoridad judicial, ya que el particular que detiene lo debe poner inmediatamente a disposición judicial. El régimen de derechos es el mismo para la detención que para la prisión provisional, por lo que cuando expliquemos esta medida cautelar los expondremos con más detenimiento (la detención deberá practicarse de la forma que menos perjudique a la persona, reputación y patrimonio; el detenido tiene derecho a que se le informe de los hechos que se le imputan, de las razones por las que se le ha privado de su libertad, así como de los derechos que le asisten).

C) También existe un régimen especial de detención que también coincide con el de la prisión provisional relativo a la detención provisional incomunicada, regulado en los artículos 506 y 527 LECrim (esta detención solo puede practicarse previa resolución judicial, no tiene derecho a que se ponga en conocimiento el hecho de su detención al familiar o persona que desee, ni a nombrar Abogado de su elección ni a entrevistarse reservadamente con él, etc.).

 

C) LA PRISIÓN PROVISIONAL

Concepto. Es una medida que consiste en limitar la libertad individual (igual que la detención), aunque en este caso, es ordenada por el órgano jurisdiccional competente y que tiene por objeto ingresar a la persona en el centro penitenciario como instrumento para asegurar los fines del proceso y que se ejecute la sentencia.

La prisión provisional regulada en los artículos 502 a 527 LECrim., supone una privación de la libertad (como todas las medidas cautelares personales ) pero por ser más acusada que el resto debe ser aplicada con especial cuidado. Los principios sobre los que debe inspirarse son: no es obligatoia, tiene carácter excepcional por lo que debe aplicarse como “última ratio” (último remedio) y no se debe aplicar, en ningún caso, con fines punitivos.

 

La prisión provisional y la detención son parecidas (ya que se priva de libertad) pero tienen algunas diferencias. La detención es de corta duración (máx 72h), mientras la detención puede durar todo el tiempo del proceso. La detención puede llevarla a efecto cualquier particular, agente de la autoridad, autoridad etc. Mientras que la prisión solo puede decretarla el órgano jurisdiccional competente.

 

REQUISITOS PARA DECRETAR LA PRISIÓN PROVISIONAL

 

Están regulados de manera específica en los artículos 503 y 504, párrafos I, II y VIII de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Con carácter general, para decretar la prisión provisional será necesario que concurran las siguientes circunstancias:

a) Que conste en la causa un hecho que revista los caracteres de delito (art. 503. 1ª LECr.). De la misma se deduce que no procede la medida en caso de faltas.

b) Que la pena que corresponda aplicar al imputado sea superior a la de 3 años de prisión (art. 503, 2ª primer inciso).

c) Que aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la persona contra quien se haya de dictar el auto de prisión (art. 503. 3ª LECr.).

 

 

El hecho de que el legislador haya establecido estos criterios generales, no quiere decir que se deban aplicar con carácter automático desde el momento en que se aprecie su concurrencia, acordando, en consecuencia, la prisión provisional. El órgano jurisdiccional podrá tomar en consideración otras circunstancias para decidir sobre la procedencia o no de la medida:

 

a) DELITO>3 años de Prisión o inculpado carece antecedentes penales o estén cancelados, delito no ha producido alarma, no se comete con frecuencia el delito en el territorio donde el Juez o tribunal ejerce la jurisdicción NO podrá decretarse la prisión provisional y solo la libertad del inculpado con fianza (art. 504 párrafo II LECr.).

 

b) DELITO  ≤ 3 años de prisión NO procede prisión provisional (salvo que el juez la considere necesaria atendiendo a las circunstancias del hecho, la alarma social que su comisión haya producido o la frecuencia con la que se cometan hechos análogos y mientras esas circunstancias subsistan) (art. 503. 2ª).

 

c) Con independencia de la gravedad de la pena previsible, procede la prisión provisional si el imputado no comparece, sin motivo legítimo, a una citación que le hubiera cursado el órgano jurisdiccional que conoce de la causa (art. 504 párrafo I LECr.), aunque se haya concedido la libertad por transcurso de los plazos máximos previstos para la prisión provisional (art. 504 párrafo VIII LECr.).

Duración de la prisión provisional

La duración de esta medida cautelrar atiende a:

a) La prisión provisional se podrá mantener mientras dure el proceso; en consecuencia, se extinguirá cuando el proceso se termine con sentencia absolutoria (arts. 675 y 861 bis a LECr.) y, también, cuando concluya con sentencia condenatoria, porque si la pena es privativa de libertad, desde el mismo día de la firmeza de la sentencia se inicia el cumplimiento de la pena (art. 38 C.P.), por lo que pierde la medida su naturaleza cautelar.

b) También concluirá la prisión provisional en el momento en que cesen las causas que la motivaron. En estos casos, la prisión provisional se podrá extinguir o sustituir por una medida de libertad provisional (arts. 528 y 539 LECr.).

 

Sin embargo, a pesar de la mencionada naturaleza cautelar, el art. 17.4 “al final” C.E. ha establecido que "(...)por Ley se determinará el plazo máximo de la prisión provisional", como mecanismo protector del inculpado, para que no quede privado de su libertad de una forma prolongada, por ejemplo, como consecuencia de unas dilaciones indebidas que puedan producirse en el proceso. De esta forma, la duración de la prisión provisional está sujeta a los siguientes plazos:

 

a) En función de la pena que corresponda al delito que se imputa se fija la duración ordinaria: si corresponde la pena de arresto de siete a quince fines de semana, la prisión provisional NO puede exceder de 3meses. Si la pena es de seis meses a tres años de prisión, no puede exceder de 1 año; y si la pena es superior a tres años, la prisión provisional no puede exceder de 2 años(art. 504 párrafo IV LECr.).

 

b) Atendiendo a determinadas circunstancias la duración puede prorrogarse: en los supuestos de delitos que tienen prevista una pena de 6meses a 3años de prisión y superiores, si puede preverse que la causa no podrá ser juzgada en los plazos ordinarios y que exista riesgo de sustracción del imputado a la acción de la justicia, el plazo de un año de duración de la prisión provisional se podrá prolongar hasta un máximo de 2 años, y el de dos a cuatro años (art. 504 párrafo IV, final). En los mismos supuestos, si se hubiera dictado sentencia condenatoria y ésta fuere recurrida, la prisión provisional podrá prolongarse hasta la mitad de la pena impuesta (art. 504 párrafo V). En este último caso, el órgano jurisdiccional decidirá conceder o no la prórroga en función del concreto riesgo de fuga del condenado (art. 861 bis a párrafo III LECr.).

Debe tenerse en cuenta que para el cómputo de los plazos que acabamos de mencionar, no se tendrá en cuenta el tiempo en que la causa sufriera dilaciones no imputables a la Administración de Justicia (art. 504, párrafo VI).

Modalidades de la prisión provisional

 

 Podemos diferenciar hasta tres tipos distintos de regímenes:

 

a) La prisión comunicada es la situación ordinaria (aplicable cuando no se den ninguna de las otras 2). En este caso, el preso tiene los derecho que recoge la Ley (art.520-522-523-524 LECrim y 29-51 a 53 LOGP).

b) La prisión incomunicada ( si existe un peligro de que puedan alterarse las fuentes de prueba). Por ejemplo indicando el imputado a terceras personas cómo deben manipularse para ajustarlas a la versión de los hechos que realice en sus declaraciones (art. 506 párrafo I). Supone la restricción de ciertos derechos del preso y del detenido (contacto con el exterior) el incomunicado sólo podrá asistir a la práctica de diligencias, cuando su presencia no desvirtúe el objeto de la investigación (art. 506 párrafo II LECr.); la utilización de libros y efectos personales así como la recepción y remisión de correspondencia se condicionan a la autorización judicial y a la adopción de medidas precautorias (arts 509 a 511 LECr.); el abogado será designado de oficio sin que pueda tener una entrevista reservada con él (art. 520. 6 c LECr.), etc. La incomunicación tiene una duración limitada que por regla general no podrá exceder de 5días(arts. 506 y 507 LECr.). Una vez puesto en comunicación se le puede volver a incomunicar, sin que pueda en este caso sobrepasar el plazo de 3 días.

c) La prisión atenuada se regula muy someramente en el artículo 505 párrafo II LECr. Se acordará cuando, por razón de enfermedad del inculpado, el internamiento entrañe grave peligro para su salud, aunque no se determina en qué va a

 

consistir.

D) LA LIBERTAD PROVISIONAL

Concepto. En este caso también supone una limitación de la libertad del imputado, aunque de grado menor a la P.Provisional. Se puede definir como “medida cautelar en virtud de la cual se limita la libertad del imputado al imponerle el cumplimiento de determinadas obligaciones(prestación de fianza en su caso, comparecencias periódicas), con el objeto de garantizar su presencia en el proceso penal”. La presente medida se encuentra regulada en los artículos 528 a 544 LECr.

 

Presupuestos para acordar la libertad provisional

Además de los presupuestos generales que deben concurrir para que pueda acordarse cualquier medida cautelar, existen unos específicos para la libertad provisional que permiten decretarla en los siguientes casos:

 

a) Si el hecho objeto de investigación reviste los caracteres de un delito castigado con una pena >3 años de Prisión o inculpado carece antecedentes penales o estén cancelados, delito no ha producido alarma, no se comete con frecuencia el delito en el territorio donde el Juez o tribunal ejerce la jurisdicción NO podrá decretarse la prisión provisional y solo la libertad del inculpado con fianza

 

b) Si el hecho objeto de investigación reviste los caracteres de un delito castigado con una pena de ≤ 3 años de prisión, y el inculpado no se encuentra comprendido en el supuesto del artículo 492. 3º (no existe peligro de incomparecencia), ni hubiera sido decretada su prisión por aplicación de los artículos 503 y 504 de la LECr. En este supuesto la libertad provisional se acordará mediante auto que podrá ser con o sin fianza (art. 529 LECr.).

 

  

 

 

 

 

 MEDIDAS CAUTELARES REALES

INTRODUCCIÓN

Este tipo de medidas son aquellas que tienden a limitar la libertad de disponer un patrimonio con el objeto que la persona satisfaga las responsabilidades pecuniarias de cualquier clase que puedan declararse en un proceso penal. No solo se deriva responsabilidad civil (restituir la cosa, indemniazación de daños y perjuicios) sino también, los pronunciamientos penales con contenido patrimonial (la pena de multa y las costas procesales fundamentalmente). Evidentemente, aunque se está asegurando cosas distintas, el objeto final es el mismo, el pago de una cantidad de dinero; por ello, como explicaremos, las medidas cautelares que se adopten serán esencialmente las mismas: fianzas y embargos.

 

Cuando se trata de asegurar un pago, la Lecrim ha previsto 2 medidas cautelares diferentes (fianza y en defecto de esta, el embargo). "De las fianzas y embargos" (arts 589 a 614), y para todo lo que no esté dispuesto en este Título, los Jueces y Tribunales aplicarán supletoriamente la legislación civil.

 

PRESUPUESTOS PARA APLICAR ESTE TIPO DE MEDIDAS

Para poder determinar cuando procede acordar este tipo de medidas cautelares, existen pequeñas diferencias en función de la persona a la que afecta la medida cautelar:

  • ·       Cuando afectan a los presuntos responsables penales (supuesto ordinario).
  • ·       Cuando afectan a los terceros responsables civiles (supuesto especial).

 

Una vez cumplidos los requisitos que condicionan el acceso a la medida cautelar, el Juez dictará un auto decretando la fianza y el embargo de los bienes, instruyéndose todas las diligencias posteriores en pieza separada (arts. 590 y 785 regla octava letra b LECr.). Cuando la medida cautelar afecta al tercero responsable civil, también se abre un incidente a instancia de parte interesada, como se ha dicho, permitiéndole al tercero que manifieste por escrito las razones que le asisten para que no se le considere como civilmente responsable (arts. 615 y ss. LECr.).

 

En los dos supuestos que acabamos de exponer las medidas cautelares personales que regula la Ley de Enjuiciamiento Criminal son las fianzas y embargos.

 

 LA FIANZA. Satisfechos los presupuestos para que pueda acordarse la medida cautelar real, la primera actuación va dirigida a que el sujeto pasivo, inculpado o tercero civil responsable, preste fianza suficiente. El órgano jurisdiccional competente, mediante auto, determinará la cantidad de la fianza, que no podrá bajar de la tercera parte más de todo el importe probable de las responsabilidades pecuniarias (art. 589 LECr.). Según el artículo 591 LECr. la fianza puede ser personal, pignoraticia (lo garantizas, ej: dejas el D.N.I cuando te prestan algo, aunque no es este caso) o hipotecaria, si bien en la práctica se admite también la garantía bancaria de acuerdo con el artículo 784, regla quinta LECr. El régimen jurídico de la fianza como medida cautelar real es común al de la fianza para la libertad provisional, conteniendo la Ley de Enjuiciamiento Criminal una regulación detallada de las clases y requisitos de la caución exigible (arts. 591 a 596 para el proceso ordinario, y 784. 5ª y 785. 8ª, b y c para el abreviado). Contra los autos que dicte el Juez calificando la suficiencia de las fianzas procederá el recurso de apelación (art. 596 LECr.). 

 

EL EMBARGOEl embargo es una afección (declaración de voluntad) provisional y anticipada de bienes del imputado acordada por el órgano jurisdiccional para el caso de que la fianza no fuera prestada. En consecuencia, el embargo en el proceso penal tiene carácter subsidiario de la fianza. El embargo de bienes suficientes para cubrir las responsabilidades pecuniarias se adopta en el mismo auto en el que se acuerda prestar fianza (art. 598 LECr.) de tal forma que si en el día siguiente de la notificación del auto no se prestase la fianza, se procederá materialmente al embargo de los bienes del procesado, requiriéndole que señale los suficientes a cubrir la cantidad que se hubiese fijado para las responsabilidades pecuniarias (art. 597 LECr.). Para la práctica del embargo se aplican las normas previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil con las peculiaridades contempladas en los artículos 597 a 610 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Conviene tener en cuenta que la fianza y el embargo podrán ser reducidos y ampliados en función del aumento o disminución de las posibles responsabilidades pecuniarias del imputado (arts. 611 y 612 LECr.).


 

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Comentarios: 7
  • #1

    Alex (viernes, 07 junio 2013 17:16)

    Me encanta este documento!!!!
    Rincón, hoy he visto en las noticias y en el periódico digital El Mundo, la nueva droga sintética que arrasa en Grecia entre los indigentes, la denominan "sisa", el gramo puede oscilar entre los 2e o 5e.
    Lo digo por si interesa esa información para la oposición.
    Saludos

  • #2

    El Rincon del Policia (viernes, 07 junio 2013 17:26)

    Muchas gracias Alex.
    Si, lo hemos visto, muchas gracias por hacérnoslo saber. Lo tendremos en cuenta para otro posible artículo.
    Un saludo!!

  • #3

    Araceli (viernes, 07 junio 2013 18:01)

    Gracias por toda la información que proporcionáis. Sois de gran ayuda para muchas personas. Un saludo.

  • #4

    El Rincon del Policia (viernes, 07 junio 2013 18:36)

    Gracias a vosotros! Seguimos trabajando para que seáis los mejor formados! ;)
    Un saludo!

  • #5

    mila (miércoles, 12 junio 2013 00:06)

    Os doy las gracias por toda la información que estáis dando nos es de gran ayuda

  • #6

    El Rincon del Policia (miércoles, 12 junio 2013 16:36)

    Gracias a ti mila!!
    Un saludo.

  • #7

    Daniel (domingo, 05 junio 2016 12:46)

    Gracias por el artículo, hay que revisar el tema de faltas que vienen todavía por ahí.

    Un saludo, y lo dicho, gracias.

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