POTESTAD REGLAMENTARIA: CONTROL

 

Hay diversos requisitos en cuanto al procedimiento a seguir (en su aprobación) a los que la potestad reglamentaria está sometida, además del control de su legalidad.


La Constitución Española (Art.106.1) establece que: Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican” .


Por tanto, el control sobre la legalidad de los Reglamentos corresponde solamente a la Jurisdicción ordinaria. Es decir, quedarían fuera de esta potestad los recursos o cuestiones de insconstitucionalidad (a diferencia de las normas de rango legal) y por ende, no sería el Tribunal Constitucional el encargado de su control.


Esta previsión constitucional establece claramente al control encomendado al orden jurisdiccional contencioso-administrativo, y no sólo porque el control del ejercicio de la potestad reglamentaria está encomendada en exclusiva al citado orden jurisdiccional, sino también porque el precepto constitucional se refiere específicamente a la "actuación administrativa".


 La Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, configura en sus artículos 1 y siguientes el ámbito de dicho orden jurisdiccional , al que encomienda el control en el ejercicio de la potestad reglamentaria. Señala en este sentido el artículo 1.1. que corresponde a los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo conocer de las pretensiones que se deduzcan en relación con "las disposiciones generales de rango inferior a la Ley". Esta previsión se mantiene en línea de continuidad con lo que se disponía en el artículo 1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa de 1956, y bajo tal expresión deben considerarse incluidas precisamente las normas jurídicas emanadas en virtud del ejercicio de la potestad reglamentaria, cualquiera que sea la Administración Pública autora, sin distinguir tampoco en función de la materia que sea objeto de regulación por tales normas. La Ley 29/1998 concentra, por tanto, en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo el conocimiento de la impugnación de cualquier norma reglamentaria dictada por una Administración Pública.


Las principales técnicas para impugnar un reglamento ilegal son:


1. La vía de excepción, consistente en la posibilidad de solicitar la inaplicación de un reglamento al caso concreto que el Tribunal está enjuiciando, por ser contrario a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa (Art. 6 LOPJ “Los Jueces y Tribunales no aplicarán los reglamentos o cualquier otra disposición contrarios a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa”).

 

2. La vía contencioso-administrativa. La impugnación ante la Jurisdicción contencioso-administrativa puede ser mediante un recurso directo, que es aquel que ataca frontalmente el reglamento solicitando su anulación, pues, como indica el Art. 107.3, “contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa”. Su plazo es de dos meses desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada. Pero también es posible reaccionar contra un reglamento inválido a través del recurso indirecto, que permite al interesado recurrir un acto administrativo de aplicación del reglamento ilegal, fundando dicha impugnación, precisamente, en la ilegalidad del reglamento en que se apoya el acto recurrido. Si el juez que conoce del recurso indirecto dicta sentencia estimatoria por considerar ilegal el contenido del reglamento aplicado, deberá plantear la denominada cuestión de ilegalidad ante el Tribunal competente para conocer del recurso contencioso-administrativo directo contra el reglamento. Si éste último estima fundada la cuestión de ilegalidad anulará el reglamento con plenos efectos erga omnes. Si el Tribunal que conoce del recurso indirecto es el competente para conocer también del recurso directo, la sentencia declarará la invalidez o nulidad de la norma reglamentaria.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 1. El sistema Constitucional de fuentes del Derecho.  2. Sinopsis constitucional Actualizada por Vicente Moret, Letrado de las Cortes Generales. Junio, 2011

 

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