4- Casos práctico. La denuncia de tráfico / La denuncia y la querella

 

 

 

 

CONTENIDO DE LA 4ª CLASE DE CASOS PRACTICO:

  1. LA DENUNCIA DE TRÁFICO
  2. LA DENUNCIA Y LA QUERELLA

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Supuesto práctico 4. La denuncia de tráfico y penal y la querella
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Una denuncia de tráfico es lo que se conoce coloquialmente como MULTA, y es la voluntad de poner en conocimiento a la autoridad competente en materia de tráfico, la infracción producida por un usuario de la vía.

Cuando en el procedimiento administrativo se ponga de manifiesto un hecho que ofrezca apariencia de delito o falta penal perseguible de oficio, la autoridad administrativa lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, por si hubiere lugar al ejercicio de la acción penal y proseguirá el procedimiento absteniéndose de dictar resolución mientras la autoridad judicial no pronuncie sentencia firme o dicte otra resolución que le ponga fin.

 

Concluido el proceso penal con sentencia condenatoria de los inculpados, y una vez acordada la suspensión del procedimiento administrativo, se archivará este procedimiento sin declaración de responsabilidad. Si la sentencia fuera absolutoria o el procedimiento penal acabara por otra resolución que le ponga fin sin declaración de responsabilidad y no estuviera fundada en la inexistencia del hecho, se dictará la resolución que corresponda en el procedimiento administrativo.

Una denuncia de tráfico es el inicio del procedimiento sancionador en materia de tráfico, el cual termina con una resolución firme por vía administrativa.

Las denuncias de tráfico han de contar, al menos, con la hora y fecha de cuando se producen, una exposición de los hechos denunciados, los datos del vehículo, su conductor y el agente denunciante.

De no identificarse al conductor, se entenderá denuncia NULA, salvo por los casos que establece la ley, que son cuando el conductor esta ausente, condiciones meteorológicas adversas o por motivos de tráfico, así como cualquier motivo que pueda producir un riesgo grave.

También se añade a estos supuestos, cuando la denuncia se haga por medio de un dispositivo homologado, como un radar, que en su caso no tendrá que notificarse al momento.

La ley también establece que el número profesional del agente que interpone la denuncia, sustituye a sus datos personales.

Las denuncias de tráfico han de ser notificadas a su infractor y no al propietario del vehículo.

El conductor es casi siempre el responsable de las infracciones cometidas contra el reglamento general de circulación, no obstante, el propietario es el responsable del estado de su vehículo y las autorizaciones administrativas necesarias. La responsabilidad por las infracciones a lo dispuesto en esta Ley recaerá directamente en el autor del hecho en que consista la infracción. No obstante:

El conductor de una motocicleta, de un ciclomotor, de un vehículo de 3 ó 4 ruedas o de cualquier otro vehículo para el que se exija el uso de casco por conductor y pasajero será responsable por la no utilización del casco de protección por el pasajero, así como por transportar pasajeros que no cuenten con la edad mínima exigida.

El conductor del vehículo será responsable por la no utilización de los sistemas de retención infantil, con la excepción prevista en el artículo 11.4 cuando se trate de conductores profesionales.

Cuando la autoría de los hechos cometidos corresponda a un menor de 18 años, responderán solidariamente con él sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden, en razón al incumplimiento de la obligación impuesta a éstos que conlleva un deber de prevenir la infracción administrativa que se impute a los menores.

  • o   

En los supuestos en que no tenga lugar la detención del vehículo y éste tuviese designado un conductor habitual, la responsabilidad por la infracción recaerá en éste, salvo en el supuesto de que acreditase que era otro el conductor o la sustracción del vehículo.

En los supuestos en que no tenga lugar la detención del vehículo y éste no tuviese designado un conductor habitual, será responsable el conductor identificado por el titular o el arrendatario a largo plazo.

En las empresas de arrendamiento de vehículos a corto plazo será responsable el arrendatario del vehículo. En caso de que éste manifestara no ser el conductor, o fuese persona jurídica, le corresponderán las obligaciones que para el titular establece el artículo 9 bis. La misma responsabilidad alcanzará a los titulares de los talleres mecánicos o establecimientos de compraventa de vehículos por las infracciones cometidas con los vehículos mientras se encuentren allí depositados.

El titular, o el arrendatario a largo plazo, en el supuesto de que constase en el Registro de Vehículos, será en todo caso responsable de las infracciones relativas a la documentación del vehículo, a los reconocimientos periódicos y a su estado de conservación, cuando las deficiencias afecten a las condiciones de seguridad del vehículo.

El titular o el arrendatario, en el supuesto de que constase en el Registro de Vehículos, será responsable de las infracciones por estacionamiento, salvo en los supuestos en que el vehículo tuviese designado un conductor habitual o se indique un conductor responsable del hecho.

Cuando un Agente rellena el boletín de denuncia ante su presencia y le solicita sus datos personales, posteriormente puede firmar la denuncia o negarse a hacerlo.

En cualquier caso, se entenderá notificado, por lo que tendrá abiertos los plazos para recurrirla o pagar con descuento del 50%. En algunos sitios se entiende notificado si firma y no notificado si no firma, no obstante, en cualquier caso, es mejor tener como referencia para alegaciones dicho plazo.

En caso de que este ausente, el boletín de denuncia que se le pondrá en el parabrisas es solo informativo, y no notifica al infractor, así pues, le llegará una notificación por correo certificado a su domicilio, el cual tendrá que recogerla en mano.

Si la primera vez que se le lleva la notificación no hay nadie en casa, se volverá a intentar notificar una segunda vez, pero a una hora distinta de la anterior.

Si aún así no hay nadie en casa, se entenderá notificado a todos los efectos legales y contarán a partir de ahí los plazos del procedimiento.

CAPITULO II: DENUNCIA Y QUERELLA

Una denuncia es una exposición de voluntad para iniciar un proceso judicial por la vulneración de un delito o falta tipificado en el C.P.

Puede y esta obligada a denunciar cualquier persona que tenga conocimiento de una infracción penal, así la ley lo establece, con las excepciones marcadas.

La denuncia puede ser verbal o escrita, es decir, podemos ir a la Policía o directamente al juzgado correspondiente y denunciar mientras el funcionario público la transcribe literalmente, o llevar nosotros la denuncia escrita y presentarla.

Es necesario que nos identifiquemos ante las denuncias mediante el DNI, estamos obligados a ello. Suele pasar que se reciben llamadas telefónicas denunciando hechos delictivos pero que la persona no quiere identificarse por miedo a ser citada en juicio, en estos casos, comprobaremos la veracidad de los hechos y de ser falsos, lo haremos constar en el informe policial diario.

Toda persona esta obligada a presentarse ante el Juez si es requerida por éste, cuando sea testigo de un ilícito penal. Ante la Policía puede negarse a declarar su versión de los hechos, no obstante esta obligada a identificarse y de cierta forma a colaborar.

La denuncia es gratuita, aunque suene extraño escucharlo así, quiere decir que el proceso judicial de instrucción opera por sus propios medios, sin tener que intervenir en él, si no somos requeridos.

Por otro lado, existe la querella, que similar a la denuncia, pero esta se hace por medio de un abogado y procurador, quién tramitaran la voluntad de iniciar el proceso judicial por una infracción penal al juzgado.

Para ello, es necesario costearse un abogado y procurador, y ser nosotros las personas perjudicadas por el ilícito penal.

Formaremos parte del proceso judicial, exigiendo las responsabilidades y se nos avisará para los juicios que sean por motivo de lo querellado.

Cuando se vulnera el C.P., se inicia, o al menos debiera iniciarse, el proceso judicial oportuno para tal acto. Como hemos visto, ante el delito y la querella iniciamos el proceso, pero éste también puede iniciarse de oficio si es el caso.

El proceso judicial, o bien la investigación por la causa del delito, puede, como hemos visto, iniciarse de oficio, denuncia o querella, bien la infracción penal en cuestión sea pública, semipública o privada.

Entendemos que un delito es público cuando así viene recogido en el C.P. y esto afecta, por así decirlo, al ámbito público general.

En el C.P. el 95% de los delitos (o en su caso faltas penales) son públicos, delitos de robo, hurto, delito de lesiones ó receptación, ya que se sobre entiende que afectan a la población y han de investigarse de oficio.

Cuando decimos que el proceso judicial se inicia de oficio, hay que entender que cuando los funcionarios públicos tienen conocimiento de tal delito, por cualquier medio, han de iniciar el proceso judicial, en el caso de la Policía dar cuenta a la autoridad judicial, de forma automática y obligatoria, sin que sea necesaria persona afecta que denuncie.

Para entenderlo mejor imaginemos:

Salimos a pasear por la calle, en ese momento una persona se nos acerca, nos amenaza de muerte con una navaja y nos obliga a darle todo el dinero que llevamos encima.

Ante este supuesto puede suceder:

Que la Policía pase por la zona patrullando y vea el suceso, con lo que ya tiene conocimiento de tal delito y actuaría de oficio, aunque no quisiera denunciar el agraviado.

La Policía tiene conocimiento del delito por varios testigos, lo cual iniciaría las investigaciones oportunas para esclarecerlo, y de ser el caso, dar cuenta a la autoridad judicial.

O bien, la propia victima se dirija a la Policía y denuncie el robo con intimidación, con lo que se iniciaría por medio de una denuncia.

En estos casos, al tratarse de un delito público, puede iniciarse por todas las ramas posibles que den a su conocimiento, incluso por medio de querella.

No obstante, existen también, aunque en menor proporción, los delitos semipúblicos, como por ejemplo el de acoso sexual, englobado en los delitos contra la libertad sexual del C.P.

Cuando hablamos de delitos semipúblicos, ha de entenderse, que la victima que lo ha sufrido, ha de ser quién inicie el proceso judicial mediante la denuncia, pero que una vez se haya iniciado, ya no podrá detener tal proceso.

Imaginemos que:

Una mujer llega a un departamento de Policía y denuncia un presunto acoso en el trabajo, dando todo tipo de detalles y facilitando su DNI.

En este caso, la Policía esta obligada a investigar de forma inmediata los hechos delictivos, dando valor real, en primera instancia, a los hechos narrados por la victima.

Ahora imaginemos que:

La presunta victima, vuelve al día siguiente, queriendo retirar la denuncia, y alegando que no quiere que su agresor vaya a la cárcel.

En éstos casos, (muy frecuentes en los delitos de violencia de género que son públicos) cuando el delito es semipúblico, no hay anulación tal para cancelar la denuncia, ya que una vez iniciado el procedimiento (cuando ella denuncio) no hay forma de pararlo. Esto es así, para evitar en gran medida las amenazas que podría sufrir una victima para que retirara la denuncia, consiguiendo tal propósito el agresor quedaría impune ante la justicia.

Esto no quita, que por ejemplo, en un patrullaje observásemos una violación y actuásemos de oficio ante tal acto, siendo aún así un delito semipúblico, no obstante sería imprescindible la posterior denuncia de la victima para determinar que realmente no fue consentido, o de lo contrario, aun siguiendo con el procedimiento, sería viciado y no podría concluir.

Ya por último, nos quedan los delitos privados. Estos son, los que se inician siempre mediante una denuncia o querella, pero que cuando la persona que los denuncia desea desistir, o anular el proceso, puede hacerlo en cualquier momento.

El ejemplo más claro de estos delitos o faltas, son las injurias o calumnias, ya que pocos más nos quedan como infracciones penales privadas según el C.P.

Es necesario el conocimiento superficial, al menos, para entender la forma de iniciar el procedimiento judicial oportuno, y así resolver un supuesto práctico de dificultad que intentará complicar ó confundir al opositor.

 

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